Pese a que el 7,4% de los hogares de la Región del Biobío aún no cuenta con acceso a internet, según datos de Subtel y Fundación País Digital, alcaldes de Mulchén, Quilaco y Nacimiento advierten que la mala señal telefónica sigue afectando gravemente a sectores rurales.
En la Región del Biobío, más de un 7% de los hogares no tiene acceso a conectividad, una brecha que golpea con mayor fuerza a las comunas rurales y cordilleranas. De acuerdo al estudio “Hogares Conectados 2024” de la Fundación País Digital, difundido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), un 92,6% de los hogares cuenta con acceso a internet, mientras que un 7,4% de la población permanece sin señal, situando a territorios como Alto Biobío entre los más rezagados del país.
En este escenario, los alcaldes de Mulchén, Quilaco y Nacimiento solicitaron al nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast que priorice de manera urgente la mejora de la conectividad telefónica y digital, apuntando a que el actual gobierno quedó al debe pese a los reiterados oficios enviados al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los que no derivaron en soluciones concretas.
El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, fue enfático en señalar que la falta de conectividad refleja una ausencia de voluntad política hacia las comunidades rurales.
“El gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha priorizado a las comunidades rurales, que hoy siguen quedando sin señal de comunicación en distintos sectores de nuestra comuna. Aquí faltó voluntad política para avanzar en una materia tan sensible.
Como municipio siempre hemos estado disponibles para dialogar y sumarnos a iniciativas junto a las empresas, pero es el gobierno de turno el que debe estar presente primero, especialmente con aquellos vecinos que hoy no pueden comunicarse. Tal como lo establece la ley, el acceso a internet es un servicio público, y en este caso claramente no se está cumpliendo.
Por lo mismo, solicitamos al Presidente electo José Antonio Kast que su gabinete regional asuma esta problemática, que sigue siendo una deuda pendiente con los habitantes de nuestra comuna”, sostuvo.
En la misma línea, el alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordillera (ANCORDI), Pablo Urrutia, advirtió que la crisis de conectividad afecta transversalmente a varias comunas rurales del Biobío.
“Sí, tenemos un problema grave. Este gobierno quedó al debe en lo que tiene que ver con las comunicaciones en las ciudades rurales. No es justo ni corresponde que a estas alturas tengamos adultos mayores y niños que no cuentan con conectividad en muchos sectores de la comuna.
En Quilaco hay zonas donde las personas deben andar con tres teléfonos, uno por cada compañía, para ver si alguno logra tomar señal, y eso no debería ser. Como asociación de municipios tenemos un problema serio hoy en Alto Biobío, en sectores de Antuco, Quilleco, Mulchén, e incluso en el camino entre Mulchén y Quilaco, donde la señal es completamente inestable.
Queremos pedirle al gobierno que viene asumiendo, al Presidente Kast, que hagamos fuerza para que en los territorios rurales y en los sectores más apartados del país, las empresas de telecomunicaciones cumplan”, afirmó.
Desde Nacimiento, el alcalde Carlos Toloza subrayó que la falta de señal no solo limita la conectividad digital, sino que pone en riesgo la vida de las personas, especialmente en situaciones de emergencia.
“La mala conectividad telefónica es un tema que ha trascendido a muchos gobiernos y ninguno le ha dado solución. En sectores rurales la gente pierde horas médicas por no poder comunicarse, y en una emergencia lo primero que se necesita es un teléfono para llamar a una ambulancia o a Carabineros. Hay casos donde incluso se han perdido vidas por no contar con señal”, señaló.
Cabe recordar que la Ley N° 21.678 establece que el acceso a internet es un servicio público de telecomunicaciones, reconociendo la conectividad como un derecho esencial para la ciudadanía, al mismo nivel que otros servicios básicos como la electricidad y el agua. Sin embargo, los alcaldes recalcaron que esta garantía legal aún no se refleja en la realidad de miles de familias rurales del Biobío.
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